Por: Alejandra Cassino M.
En entrevista con PrensAnimalista el abogado Cristián García-Huidobro denunció que la norma que permitirá la caza de “perros bravíos o salvajes” no cumple con los requisitos exigidos para declarar una especie como dañina. Además, se refirió a la tramitación del proyecto de ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas y a los motivos que adelantaron su salida del gobierno de Sebastián Piñera.
El 27 de enero comenzó como un día más para Cristián García-Huidobro Correa, abogado UC de 36 años, fiscal del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Como en otras jornadas, en la División Jurídica-Legislativa del ministerio le esperaban varios actos administrativos que evaluar y analizar. Sin embargo, un correo electrónico cambió su agenda y cuatro días después presentaba su renuncia al cargo.
La razón, su profunda discrepancia con el Decreto N°65 de 2012, del Ministerio de Agricultura, que modifica el Reglamento de la Ley de Caza y la solución consensuada a la que llegó la Presidencia con el Ministerio de Agricultura para salvar uno de los artículos más conflictivos de la norma: autorizar la caza de “perros salvajes o bravíos” en zonas rurales de todo el país.
La norma reglamentaria, además de establecer como especie dañina a las “jaurías de perros salvajes”, erradica de sus considerandos a la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas (CITES), permitiendo, entre otras cosas, que quienes trafiquen con especies protegidas queden como custodios de los especímenes que les son incautados.
García-Huidobro explicó a PrensAnimalista que supo de la toma de razón por canales externos al Gobierno. “Desde mi rol como fiscal levanté los puntos complejos que presentaba el documento. Pues a mi juicio tiene vicios de legalidad. Entre ellos, el más delicado a mi entender, que el ministro de Agricultura Luis Mayol, sin que la Segpres tuviera conocimiento, enviara a la Contraloría un texto distinto al acordado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y que fue el que aprobó y firmó el presidente Piñera en octubre de 2012. Minagri nunca acompañó los estudios ni la información técnica exigida por la Ley de Caza (Art. 2, letra g) para catalogar una especie como dañina”, precisó.
Como consecuencia del informe preparado por García-Huidobro sobre el Decreto N°65 del Minagri, a su retorno de Cuba el presidente Piñera se reunió con el ministro Mayol para evaluar la situación. Para el ex fiscal “existía una luz de esperanza en hacerle ver al Presidente que el texto evacuado por la Contraloría era distinto al que él aprobó y autorizó. El resultado de esa reunión fue que el Presidente autorizó el texto con la única salvedad que se incorporara una autorización especial del SAG. Eso gatilló mi renuncia. El decreto es irracional, nefasto, absolutamente desproporcionado”.
Esquizofrenia legislativa
García-Huidobro conoció de las intenciones de Minagri de introducir cambios al reglamento de la Ley de Caza en 2011. En junio de ese año, mientras el Ejecutivo presentaba la indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas, Agricultura envió a Segpres un borrador del texto que clasificaba como especie dañina a los “perros asilvestrados”.
- ¿Cuál fue la posición de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres ante la propuesta del Minagri?
“La labor de mi ex división en Segpres es precaver de ‘temas jurídicos’ al resto de los
ministerios sectoriales, y lo primero que hicimos fue señalar que la Ley de Caza es estricta a la hora de catalogar a una especie como ‘dañina’. La ley habla de una calificación con referencia a marcos espaciales y temporales determinados, que no se nos habían mostrado. A la luz de lo que habíamos estudiado, preparando la indicación al proyecto de tenencia responsable, la medida aparecía como absolutamente desproporcionada al problema que existe hoy. Así se lo hice ver a los funcionarios de los ministerios de Agricultura del Medio Ambiente en la primera reunión que tuvimos al respecto”.
ministerios sectoriales, y lo primero que hicimos fue señalar que la Ley de Caza es estricta a la hora de catalogar a una especie como ‘dañina’. La ley habla de una calificación con referencia a marcos espaciales y temporales determinados, que no se nos habían mostrado. A la luz de lo que habíamos estudiado, preparando la indicación al proyecto de tenencia responsable, la medida aparecía como absolutamente desproporcionada al problema que existe hoy. Así se lo hice ver a los funcionarios de los ministerios de Agricultura del Medio Ambiente en la primera reunión que tuvimos al respecto”.
“La modificación propuesta daba cuenta de una ‘esquizofrenia’ normativa por parte de nuestro Gobierno. Por un lado, promovíamos una ley de tenencia responsable, cuyos cimientos son el registro, esterilización, educación de nuestra población y una fuerte sanción al abandono y, por otro lado, un ministerio pregonaba lavarse las manos y dejar que sea la ciudadanía quien se las ensucie volviendo a la época del ‘far west’ norteamericano”.
“En la misma página web del SAG, un estudio que data de 2007 de la Facultad de Agronomía de la UC señalaba que la caza (o ‘control letal’, como eufemísticamente le denominan) era ‘costoso, no soluciona el problema de fondo, tiene un impacto ecológico importante y genera resistencia en algunos sectores de la sociedad’”.
- ¿Cuál fue la reacción del Minagri ante esta objeción técnica de parte de Segpres?
“Desde ese momento, Minagri se dio cuenta que mi posición en la Secretaría iba a ser una molestia para sacar adelante el bullado reglamento. Pasé a ser García-Huidobro “el animalista”, un bicho raro dentro de la administración Piñera. En noviembre de 2011, sale el ministro Galilea y asume Luis Mayol Bouchon. En julio de 2012 llevaron el borrador del reglamento al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que está establecido en la Ley 19.300. Segpres no forma parte de esta instancia, por lo que en la División Jurídica no estuvimos al tanto de este nuevo intento”.
- ¿La modificación presentada al consejo fue la misma que recibió Segpres?
“En parte. Tenía 40 numerales. Entenderás que los ministros se enfocaron en ciertos temas y lo referente a los perros “pasó colado”. Acto seguido, con el aval del consejo, llevaron el decreto nuevamente a firma del presidente Piñera. Lamentablemente, la sectorialista de Segpres no me informó de esta jugada de Minagri y Piñera, sin más, firmó el decreto. Estamos hablando de noviembre de 2012. Ese Decreto fue el Nº 42 de 2012, de Minagri”.
- ¿El Ministerio de Agricultura presentó algún argumento técnico que avalara la “caza de perros asilvestrados”?
“No. Eso sólo ocurrió en enero de 2013, cuando nos enteramos que Minagri nuevamente había ingresado el decreto a la Contraloría para su toma de razón. Eso coincidió con la matanza de perros abandonados en Punta Arenas y la reacción de la ciudadanía anticipó la consecuencia mediática que tendría una medida así. Magdalena Piñera, jefa de gabinete del Presidente, logró que el Comité Político revisara el tema y finalmente, el Presidente decidió retirar el decreto de Contraloría”.
“Sin embargo, el lunes 28 de enero de 2013, el Ministro Mayol solicitó una reunión bilateral para tratar el tema y, acompañado de Aníbal Ariztía, ex director del SAG, llegó a La Moneda a defender la medida ante Piñera. Mayol por fin presentó al Presidente la justificación a la medida: en primer lugar, afirmó que en Chile al año mueren 57.000 ovejas por ataques de perros, lo que genera una pérdida de USD$ 12 millones. La presentación de la cifra concluyó con una serie de diapositivas en las que se mostraban ovejas moribundas y mal heridas, que según el ministro eran víctimas del ataque de los perros. En segundo lugar, Mayol le señaló a Piñera que la modificación tenía la visación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”.
- Esa cifra ¿cómo se obtiene? ¿Es de algún estudio realizado por especialistas del SAG?
“No, no tiene su origen en el SAG. La cifra de 57.000 ovejas muertas al año correspondía a una estimación realizada por el Consorcio Ovino de Chile. Esta entidad es articulada por la Fundación de Innovación Agraria (FIA), que agrupa a los principales productores locales y que depende de Minagri. La cifra la obtuvieron tomando el número de denuncias que se registran en Chiloé, que es donde hay más notificaciones de ataques”.
“La metodología utilizada es simple. Ellos señalan que en la isla las pérdidas por ataques de perros ascienden al 1,52% del total de ovejas; vale decir, del orden de 1.500 animales de un total de 100 mil. Cuando aplican el mismo porcentaje al millón de ovejas de la zona centro-sur, obtienen la cifra de 15 mil animales y al hacer el mismo ejercicio considerando la población nacional de ovinos se obtiene el guarismo de 57 mil animales muertos al año. Como entenderás, de un “rigor científico” de alto vuelo”.
- Pero ese cálculo no permite llegar a los USD$12 millones. ¿De dónde obtienen esa cantidad, considerando que el costo de un cordero es de 60 mil pesos aproximadamente?
“El consorcio explica que los ataques no sólo afectan a la oveja que muere, sino también al cordero que debería haber producido. En ese caso hablan de una pérdida de 100 mil animales al año (57 mil ovejas y más de 50 mil corderos). Eso multiplicado por los $60 mil de cada animal, permite que la cifra de las pérdidas lleguen a más de USD$12 millones al año”.
- Es difícil creer que un Presidente y sus ministros avalen este tipo de estimaciones poco rigurosas.
“Por lo mismo, expuse que se estaba entregando información antojadiza al Presidente. Además, intenté que se pidiera información fidedigna a Mayol, pero nuevamente el peso específico del ministro fue suficiente para que Piñera le diera luz verde al decreto”.
- ¿Por qué crees que el ministro Mayol insiste tan decididamente con esta modificación?
“Se trata de un compromiso que Minagri adquirió durante la mesa de Aysén en 2011, que después se extendió a nivel nacional. No me consta que existan otros intereses. Pero sí me llama la atención que teniendo Agricultura problemas serios, como la sequía que ha afectado al país los últimos 4 años, el reciente paro portuario o la deficiente labor de fiscalización del SAG, que ha quedado en evidencia con la matanza de terneros de la empresa Manuka en el sur, Mayol siempre volviera a insistir con este tema”.
García-Huidobro explicó que en la Segpres nunca se negó la existencia de ataques de perros al ganado de pequeños agricultores, sin embargo, “la experiencia comparada nos señala que optar por cazar a estos perros no solucionará el problema, al contrario, lo agravará. Ningún perro ‘asilvestrado’ en zonas rurales está en esa condición por decisión propia. Un ser humano lo abandonó a él o a sus progenitores en algún cerro o campo y el animal no ha tenido otra alternativa para procurarse alimento. En términos jurídicos, se trata de un animal domesticado y no un animal bravío. Estos perros no han perdido su costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, simplemente, un ser humano los obligó a esa condición. Lamentablemente, los argumentos jurídicos, técnicos e incluso políticos que planteamos no fueron tomados en cuenta”.
Ley de Tenencia Responsable
En noviembre de 2010 la Segpres le encargó al abogado Cristián García-Huidobro supervisar la tramitación del proyecto de ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Boletín 6499-11). “Como a Salud no le interesaba el tema en ese momento, fue el ministro Hinzpeter quien decidió que Interior tomara cartas en el asunto. Esto debido a lo ocurrido en Peñaflor, donde una madre y su hija veterinaria murieron por el ataque de los perros de su vecino”.
“Junto al equipo del Ministerio del Interior trabajamos arduamente en mejoras al proyecto que en ese momento estaba en primer trámite constitucional en el Senado. Así es como, en junio de 2011, se presenta una indicación sustitutiva, la cual tuvo excelente recepción entre los senadores y por parte de la comunidad animalista. Cuando me refiero a la ‘comunidad animalista’ me refiero a las ONG que trabajan en terreno, con veterinarios y personal calificado, no a ‘animalistas de matinal’, como la señorita Patricia Cocas, por ejemplo, que dice saber mucho del tema, pero que le ha hecho un flaco favor a la causa que dice defender”, agrega García-Huidobro.
Pero hace dos semanas el proyecto volvió tomar una nuevo giro cuando durante su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Pepe Auth (PPD) incorpora un nuevo artículo, el 28, en el que se permite el sacrificio mediante la caza de mascotas en áreas rurales a manos del SAG y la CONAF.
- ¿La Comisión de Hacienda es el lugar apropiado para introducir una modificación como esta?
“En estricto rigor, la Comisión de Hacienda sólo debiera revisar los pasajes del proyecto de ley que involucran gasto público, sin embargo, en la práctica se ha vuelto una instancia para hacer nuevas modificaciones a un proyecto antes de que lo vote la Sala. Ignoro qué habrá motivado a Pepe Auth a presentar esa indicación. Pero me llama mucho la atención, porque si bien no compartimos el mismo signo político, me parece que es un diputado sensato. Sin embargo, propone una medida que no tiene nada que ver con el texto de la ley, va en contra de los principios de la Tenencia Responsable y lo más grave, iguala a nivel legal lo que está haciendo Minagri a nivel reglamentario”.
- ¿Por qué crees que este proyecto de ha sufrido tantas modificaciones que han terminado desnaturalizándolo?
“Porque, lamentablemente, el bienestar animal es un tema que sólo le interesa a los políticos en época de campaña. Además, están muy mal asesorados. La verdad es que el proyecto tal cual fue aprobado en primer trámite por el Senado en octubre de 2012 y, a propósito de la indicación sustituva, si bien no era el mejor de los proyectos, ya era un avance”.
“El drama que tenemos hoy en el país con la situación de los perros abandonados se debe a décadas de ausencia de políticas públicas serias, bien urdidas y con un foco en el origen del problema: falta de educación en nuestra población y un abandono de mascotas inmoral a nivel país. Ahora, después de su paso por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el proyecto quedó convertido -con todas sus letras- en un ¡Mamarracho!”.
- De aprobarse ese boletín tal y como está, ¿tendría algún efecto?
“En lo referente al registro de los perros potencialmente peligrosos habrá un avance. Pero lo que para nosotros era lo más importante, la referencia a la Estrategia Nacional para la Protección Animal, que sentaba las bases para una política pública con un respaldo legal y que fuera multisectorial, todo eso se perdió en la Comisión de Salud de la Cámara”.
“Los diputados dejaron que ‘el caso de rabia’ en Quilpué incidiera en centralizar todo en Salud, así como también, el mal asesoramiento que recibieron de parte Patricia Cocas, quien apoyada por los diputados Enrique Accorsi y Karla Rubilar logró que no dejaran artículo del texto aprobado por el Senado sin modificar. Eso significa que el proyecto irá a un tercer trámite, lo que en términos de plazo seguirá alargando la discusión en cuestión”.
No a la caza de perros en Chile
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